
(2004-01-30) La Localret, una especie de Eudel en versión catalana.
"Los ayuntamientos, al establecer y explotar una red pública de telecomunicaciones, habrán de operar en el mercado de las telecomunicaciones como un agente económico más, sin prevalerse de su condición de Administración Pública, neutralizando pérdidas con transferencias de fondos públicos municipales", opina la CMT. Esto choca frontalmente con las pretensiones de los consistorios de Donostia, Oñati y Sopelana de financiar infraestructuras Wi-Fi en diversos puntos de sus localidades.
El primero en anunciar una iniciativa de este tipo fue el Ayuntamiento de Donostia, que quiere que cualquier ciudadano pueda conectarse sentado en un banco del parque Cristina Enea.
"Los que visiten el parque, dispondrán de acceso inalámbrico a Internet a alta velocidad y podrán disfrutar de diferentes servicios a través de su ordenador portátil o PDA habilitado para Wi-Fi", relataba esta semana el concejal socialista Enrique Ramos. Según Diario Vasco, el Ayuntamiento de Donostia pretende extender esta red a otros puntos de la localidad, como el Boulevard, Alderdi Eder, la Parte Vieja, el monte Urgull y hasta las playas.
Las empresas contactadas incluyen a los dos operadores principales, Euskaltel y Telefónica, pero también a Hispavista y a Wireless and Satellite Networks, una compañía nacida en Donostia conocida internacionalmente por haber creado decenas de hotspots en Zamora. A diferencia de lo que ocurre en Oñati y Sopelana, el Consistorio donostiarra se está planteando cobrar por el uso de esta red.
Precisamente ése es el principal escollo que plantea la CMT a la hora de permitir que los ayuntamientos pongan en marcha infraestructuras Wi-Fi. "Al ser el establecimiento y la explotación de redes una actividad liberalizada que se presta en régimen de libre competencia no puede ser considerada como un servicio público", plantea la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones.
A su juicio, para garantizar la libre competencia entre operadores, las administraciones no pueden subsidiar la instalación de antenas "al no cobrar por la utilización de las mismas". "Por lo tanto, la financiación de la red habrá, en todo caso, que realizarse por medio de los rendimientos de la explotación de la misma en un régimen de libre competencia", concluye el organismo regulador, que es al mismo tiempo quien debe conceder las licencias necesarias.